El Centro de Estudios 15M es un proyecto surgido el pasado mes de junio de la mano de un grupo de jóvenes acampados a los que se sumaron rápidamente numerosos académicos de todo el país y del extranjero ávidos por movilizarse junto a los indignados. El centro – presente en Madrid, Sevilla, Valencia, Vitoria y Murcia – tiene como objetivo producir y divulgar conocimientos de calidad accesibles para la ciudadanía sobre temáticas relacionadas con las demandas del 15M y el espíritu general del movimiento. Con este fin se están llevando a cabo talleres artísticos, mesas de debate, performances en la vía pública, contenidos audiovisuales etc.
De esta forma, en reacción a la reciente reforma constitucional, el pasado miércoles 7 de septiembre tuvo lugar en Murcia frente al Ayuntamiento una asamblea de ciudadanos donde se adoptaron nuevas iniciativas para oponerse a la reforma como la celebración de un referéndum simbólico y la convocatoria de una manifestación para el miércoles 21 de septiembre. En dicha asamblea varios profesores universitarios explicaron las implicaciones de dicha reforma desde el punto de vista jurídico, económico y sociológico. Le adjuntamos al final de este correo las conclusiones a las que llegaron los académicos como ejemplo de la labor de divulgación científica por y para la ciudadanía que lleva a cabo actualmente el Centro de Estudios 15M.
Aprovechamos la ocasión para invitar a todo aquel que esté interesado a la Asamblea del Centro de Estudios que tendrá lugar en la Glorieta el próximo jueves 15 de septiembre a las 20h30.
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Conclusiones sobre la reforma constitucional
Centro de Estudios 15M: “Derecho y Soberanía popular”
La reforma del artículo 135 de la Constitución Española, en los términos que ha sido aprobada por el Congreso y el Senado, implica la justificación legal de un retroceso jurídico, político y social en el acuerdo civilizatorio que el pueblo español ha expresado en su Carta Marga de 1978. Esta reforma manifiesta una decadencia teoría de la ideología social a favor de la ideología de mercado sin límites, como se pone de manifiesto a continuación:
Se invoca la legitimidad democrática para justificar un golpe a la democracia, al Estado social y democrático de Derecho (artc.1ºCE), a la Justicia Social (capítulo tercero del Título I de la CE), y a la Justicia Ecológica.
Mediante el instrumento de la deuda pública se privatizan los intereses generales, transformando la deuda pública soberana en deuda externa al servicio de los tenedores del crédito.
A partir de ahora, un poder económico externo (la Unión Europea) controlará la emisión de deuda y la negociación de sus intereses, cuyo pago se antepone a la satisfacción de las necesidades básicas de la población.
La nueva clase económica que controlará nuestra riqueza nacional no tendrá en cuenta en su toma de decisiones lo que sea bueno o malo para el pueblo soberano sino lo que es bueno para obtener un mayor beneficio.
La reforma de la Constitución, así planteada con unos efectos que se dejarán sentir en plazos largos, no tiene ninguna capacidad de incidir en la solución de los problemas que son urgentes y que son del corto plazo, tales como el crecimiento y la creación de empleo. Para estimular el crecimiento y reducir el paro la reforma es absolutamente inútil, y sólo sirve para dar apariencia de que se están abordando los verdaderos problemas: el crecimiento y el paro. Una vez más las medidas que toman las Cortes, el Gobierno de España y la oposición política, van en el sentido contrario al que necesita el país y sus ciudadanos, si es que de lo que se trata es de producir más bienes y servicios y reducir el paro, a corto plazo.
Como vía de solución señalamos a la ciudadanía consciente y responsable que esté dispuesta a ejercer su derecho de resistencia frente a los abusos del gobierno y su alianza parlamentaria, a defender los intereses generales del pueblo y de la soberanía nacional por encima de los intereses del mercado, que son mucho más concretos de lo que pretenden Gobierno y oposición. Estos intereses son los de quienes han provocado esta crisis, a quienes habría que perseguir y castigar por estar en el origen del fraude financiero e inmobiliario, que han desatado la paralización de una buena parte de la economía real y productiva y arrojado al paro a millones de personas. Curiosamente quienes son los causantes de la crisis económica, social y ecológica que padecemos, siguen ocupando puestos claves de responsabilidad para resolver la crisis, en este caso empeorarla, y almacenando en su propio beneficio una buena parte del valor económico generado por el conjunto de la sociedad. Siguen expropiándonos, ilegal e ineficientemente, de los derechos económicos, políticos y sociales que a todos nos corresponden.
Y asimismo solicitamos, que aprobada la reforma por las Cortes Generales, ésta sea sometida a referéndum (artc. 167.3 CE)
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